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En atención a la nueva Ley de Tráfico y a la previsiblemente nueva Ley de Seguridad Ciudadana (II)

HÉCTOR BROTONSEl caso de la nueva Ley sobre Protección de la Seguridad Ciudadana se encuentra menos avanzado, ya que dista mucho de entrar en vigor. Actualmente y desde el pasado 18 de julio se encuentra en trámite parlamentario. En estos momentos aún se está negociando y se está modulando su contenido, contenido de una “ley” que, incluso antes de ver la luz, está dando que hablar como pocas, aunque con la vorágine reformista del actual gobierno en todos los ámbitos, esta situación está pasando a ser normalizada.

Como ya hemos adelantado, una de las últimas voces en alzarse en contra de esta reforma ha sido el Consejo General del Poder Judicial (en adelante CGPJ),  que ha catalogado la reforma abiertamente  inconstitucional debido a muchos de sus preceptos. Nosotros nos referiremos tan sólo a algunos aspectos, exclusivamente a los que más preocupan a consumidores y usuarios de cánnabis.

Un términos generales, en la primera parte del informe los ponentes del CGPJ encargados de perfilar este Informe advierten  al llamado “derecho penal de peligrosidad”, es decir, a sancionar administrativamente lo que no está penado en el Código Penal, lo que supone que se intensifique la acción preventiva desarrollada por la policía, no solo en relación con los delitos, sino también en las infracciones administrativas. En este sentido, aumentarán considerablemente las sanciones tipificadas como muy graves y graves, lo que otorga un poder punitivo desmesurado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Llegados a este punto, no podemos olvidar que, las declaraciones de los agentes que  formulen denuncia gozan de valor probatorio en relación con los hechos denunciados, quedado los ciudadanos en manos de los cuerpos de seguridad, quedándoles únicamente como posibilidad la de recurrir a la tutela judicial, debiendo para ello hacer frente al pago de una desmesurada tasa, ya que, al tratarse de una materia reservada para la jurisdicción contencioso administrativa, es obligatorio pagar la misma para poder acceder a tutela judicial, contrariamente a lo que ocurre en la vía penal.

Esto anterior supone, por ejemplo, que con la nueva ley se sancione administrativamente el cultivo de plantas para autoconsumo en el patio interior de una vivienda. Este hecho, hasta ahora, no era sancionable penalmente (salvo que se probara el destino al tráfico de las plantas), pero con la reforma, será sancionable directamente en vía administrativa.

Los Ponentes del Informe del CGPJ, también han advertido que, en la citada reforma, no se definen ni se limitan los cacheos indiscriminados que realizan los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, creándose así una situación de indefensión, que sumada al hecho anteriormente expuesto, nos deja, como ciudadanos, con muchas menos garantías.

La conclusión de todo esto no es que estamos ante un modelo de cambio en las políticas de drogas, como se podría pensar al ver el telediario y observar lo que está pasando en el resto de países del mundo o de nuestro entorno, – Hoy, por ejemplo, ha salido un revelador informe sobre la postura de los ciudadanos ingleses frente a la legalización del consumo en su país – sino que cada vez más serán los ciudadanos los que al fin y al cabo acabaran pagando como mínimo los 600 euros que parece que serán la sanción mínima recogida en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. Los ciudadanos seremos los que tendremos que reclamar cada vez con más ímpetu y con más decisión el cambio de las leyes; leyes que como ésta no hacen más que oprimirnos como sociedad. En el caso de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, aún estamos a tiempo de manifestarnos y reclamar una modificación de sus planteamientos. Pese a todo, si finalmente se aprueba, la Ley de Seguridad Ciudadana, y sobre todo en el caso de la Ley Tráfico, estamos dispuestos a llegar hasta el final y conseguir el reconocimiento de la inconstitucionalidad de estos preceptos que no caben, en modo alguno, en un Estado de Derecho como este, el cual se ha venido entendiendo de tal forma desde hace siglos. En concreto en el caso de la Ley de Tráfico ya estamos cerca de conseguir este objetivo en uno de los casos desde los que estamos trabajando desde el Estudio Jurídico que suscribe estas palabras, llegar al reconocimiento de la inconstitucionalidad.

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